Humberto Vacaflor Ganam
El camino para convertir Bolivia en un Estado fallido está bien avanzado y quizá no hubiera sido necesario añadirle un tramo de vergüenza, con la patrulla militar que se rindió ante unos contrabandistas.
No era necesario ese lamentable espectáculo cuando están funcionando pistas clandestinas del narcotráfico en el Bajo Paraguá, con iluminación nocturna, como dice Carlos Romero, en un lugar donde el Estado boliviano no tiene pisada.
Era excesiva esa humillación cuando en Amboró hay una pista “clandestina” que tiene un “duty free” y ofrece comida colombiana a los visitantes.
La admisión de la FAB de que no tiene aviones para controlar las avionetas del narcotráfico ha justificado que el Ministerio de Defensa no ponga en operación los trece radares comprados en 2017 por 225 millones de dólares.
La explicación que se dio es que Bolivia no tiene capacidad para ejercer soberanía sobre su espacio aéreo.
Si se mira bien, Bolivia tampoco puede ejercer soberanía sobre el resto de su territorio no aéreo: los parques nacionales han sido tomados por los narcos, que han instalado fábricas de clorhidrato de cocaína en todos ellos, las más modernas fábricas de Sudamérica.
Y luego, el colmo de los colmos. El diputado Ramiro Venegas dijo que el gobierno de Luis Arce tiene nexos con el PCC de Brasil, la más grande mafia de Sao Paulo, pero ni el fiscal ni los jueces bolivianos le prestaron atención, ocupados, como están, en detener a los críticos del gobierno.
Las mafias brasileñas tienen plantaciones de coca y fábricas de droga en territorio boliviano, según O Estado de Sao Paulo. Esto explica que se estén dando guerras entre narcos de ese país dentro de Bolivia.
Carlos Romero asegura que el gobierno de Arce tiene un ministro con participación directa en el negocio. Y el propio Evo Morales ha dicho que Eduardo Del Castillo es, en realidad, un narcotraficante, mientras que del otro lado no le quieren responder, quizá porque no es necesario.
Tampoco hacía falta la humillación de los militares ahora que los avasalladores de tierras privadas secuestran policías, y algunos periodistas como yapa, pero no les pasa nada porque los jueces están ocupados en sus otros afanes.
Era demasiado que una patrulla militar se rindiese ante unos contrabandistas, y firmase un acta para garantizar que no detendrá ningún automóvil ingresado de contrabando desde Chile, ya sea robado allí o llegado en barcos chinos a Iquique.
Sin firmar actas, ocurre lo mismo en Chapare o en Beni o en otros amplios territorios de Potosí.
Vivir en un Estado fallido no es un drama. Sólo tienes que acostumbrarte a que no haya instituciones.
Lo último que puedes hacer es partir hacia otros lares. Es lo que los promotores de este proyecto persiguen.
No te vayas.
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