Humberto Vacaflor Ganam
La capacidad que tenía el partido del cocalero fugado de aprovecharse del Estado rompía barreras de tiempo y espacio.
El gobierno de la presidente Jeanine Áñez asumió el 13 de noviembre pero ocurre que el 18, cinco días después, el aparato burocrático del masismo firmó un contrato por 10 millones de dólares en nombre del Estado boliviano.
El jefe de estos corruptos había huido al exterior después de renunciar al cargo por voluntad propia pero cinco días después el aparato de la corrupción no podía parar y siguió operando como lo había hecho desde 2006.
Era para comprar un soft-ware (programa de computadora) para la Gestora Pública, un programa que ya había sido comprado anteriormente por 5 millones de dólares por el propio gobierno del cocalero.
Seguramente olvidaron ese detalle, pero lo cierto es que en noviembre de 2019 decidieron comprarlo otra vez, aunque por un precio mayor.
Es decir que Bolivia estaba gastando 15 millones de dólares por un programa que debía servir para que los masistas puedan operar el sistema de jubilaciones de las AFP.
Once años habían estado los masistas entrenándose para tomar el timón de las AFP, pero no se atrevían a dar el paso decisivo y sólo pedían más tiempo, y más salarios.
Cuando se haga el inventario de la corrupción masistas se sabrá cuánto dinero gastó el Estado boliviano, de los impuestos de la gente, para entrenar a un equipo de ineptos que son incapaces de aprender un método de gestión administrativa.
En once años, si hubieran sido universitarios, se habrían graduado dos veces, pero estos masistas tenían un problema muy grande para asimilar nada.
Eso sí, los salarios eran muy jugosos y la planilla seguía creciendo con ahijados y recomendados de los capos del partido.
José Luis Parada, ministro de economía, ordenó que se paralizara la operación de compra y también ordenó que se hiciera una auditoría jurídica y administrativa para saber cómo se llegó a estas conclusiones.
Otra cosa que el ministro Parada quiere investigar está relacionada con montos mayores. Sostiene que la planta de urea instalada en Bulo Bulo terminó costando 1.500 millones de dólares pero que si se la hubiera construido en la frontera con Brasil su costo hubiera sido de 150 millones.
Aquí sí que hay gato encerrado. Cuando se entregue el inventario de las atrocidades que hizo el MAS con la economía habrá que alquilar balcones.
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