Humberto Vacaflor Ganam
El método es conocido. Fue descrito en detalle por Enrique García, muchos años antes de llegar a la presidencia de la CAF, en 1978: cómo se aprueban proyectos de inversión pública que no tienen sentido de existir.
Es ahora el caso de Bulo Bulo, o las turbinas compradas a Siemens, que suman 2.363 millones de dólares y no sirven para nada, porque fueron comprados mediante sistemas de presión muy eficientes, en los que el interés nacional no contaba.
García reveló hace casi 43 años cómo funcionaron esos grupos de presión para el caso de Karachipampa, una fundición de plata que nunca funcionó pero costó más de 200 millones de dólares, un equipo fabricado por la alemana Klockner con la tecnología Kivcet de la ahora finada URSS.
La presión llegó entonces de (1) la empresa proveedora, (2) de las firmas locales que la representaban (Gundlach), (3) los promotores locales (un empresario de apellido Lema), (4) grupos cívico-regionales (el movimiento cívico de Potosí en pleno).
En el caso actual de Bulo Bulo, la empresa proveedora era la Samsung, los representantes locales eran los miembros del partido del cocalero Morales, los promotores eran ministros y los grupos cívicos eran los cocaleros de Chapare, interesados en que los cultivos de la zona cuenten con urea barata, como les habían recomendado los asesores de las FARC.
En este proyecto el país ha gastado hasta ahora 963 millones de dólares, la planta es antieconómica, porque operó durante ocho meses y el resultado fue un déficit de 43 millones, por lo que el gobierno de Morales la sometió a “paros programados” que comenzaron en 2017, y no terminaron nunca.
Una empresa china se había comprometido a construir el ferrocarril Bulo Bulo-Montero pero se fue después de haber cobrado y pagado comisiones, por ejemplo a la señorita Gabriela Zapata.
La factura más grande de estos ejercicios de latrocinio fue de la empresa alemana Siemens, que cobró 1.400 millones por tres turbinas con capacidad para generar 1.000MW pero que no podrán operar debido a que falta el gas y falta la demanda de energía eléctrica en el mercado interno y en los vecinos.
En este caso también los grupos de presión fueron los proveedores y luego sus representantes, que eran los propios funcionarios del gobierno. No hubo presión de grupos cívicos porque las plantas estarían en Chapare, en Yacuiba y en Montero, abarcando tres departamentos.
Si se consideran solo estos tres proyectos, el monto llega a 2.500 millones de dólares, monto que incluye las comisiones pagadas por los proveedores o sus representantes a los “promotores”.
Una larga cadena de estafas, sin fin.
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